En McAllen, en Dallas, en Houston, los teléfonos de las city halls no paran. Las familias llaman pidiendo una sola cosa: que la ciudad los proteja del operativo de ICE. Pero los alcaldes ya saben la respuesta — una ley estatal de 2017 y la nueva SB 8 les dejan las manos amarradas, y si intentan moverse demasiado, Austin los castiga.
Lo que está pasando en la calle
Desde que el presidente regresó al poder, agentes de ICE han arrestado a más de 9,100 personas solo en South Texas, según reportes compilados de jurisdicciones federales. El número, confirmado por cobertura de Texas Tribune, es apenas la parte que sale en papel. En el barrio, lo que se siente es otra cosa: gente que no manda a los niños a la escuela, abuelas que dejaron de ir al grocery store, trabajadores que desaparecen de sus jobs sin avisar.
Las encuestas lo confirman. Entre votantes hispanos en Texas, 48% desaprueba fuertemente cómo el presidente maneja la inmigración, contra apenas 19% que aprueba fuertemente, según el UnidosUS Bipartisan Poll of Hispanic Voters in Texas (noviembre 2025). Las ganancias que el GOP hizo con el voto latino en 2024 ahora tienen una grieta visible.
Por qué los alcaldes no pueden hacer mucho
Aquí está el nudo legal. En 2017, el legislativo de Texas aprobó SB 4, conocida como la ley anti-sanctuary city, que prohíbe a las ciudades limitar la cooperación de su policía local con ICE. Y este año se le sumó la nueva SB 8 (2025), firmada por el gobernador, que básicamente obliga a los sheriffs de condados grandes a firmar acuerdos 287(g) con ICE y ofrece grants estatales para condados chicos que quieran entrarle al programa.
El texto del proyecto está disponible en el portal del Capitolio de Texas. En la práctica, significa que un alcalde que diga públicamente "no vamos a cooperar con ICE" arriesga:
- Perder fondos estatales.
- Demandas del Attorney General.
- Remoción de oficiales electos, bajo la provisión de SB 4.
Por eso, como reporta KSAT, las ciudades están intentando hacer equilibrio: escuchar a la comunidad sin dar el pretexto para que Austin las venga a apretar.
Houston como caso de estudio
Houston es el ejemplo vivo del dilema. En abril, el Attorney General Ken Paxton le dio a la ciudad un deadline para alinear su ordenanza de policía con la política estatal de ICE — y ya cubrimos la crisis en nuestra coverage de la deadline de Paxton vs. Houston.
El city council de Houston trató de encontrar un camino del medio: mantener el lenguaje de que HPD no es agente de inmigración, sin ir tan lejos como para disparar la demanda estatal. No les salió perfecto. Pero el mensaje a nuestra comunidad fue claro: estamos con ustedes, aunque las herramientas nuestras son limitadas.
La cara católica y evangélica de la resistencia
La presión no solo viene del city hall. Las parroquias tejanas, como ya reportamos en nuestra serie sobre las parroquias como refugio y ayuda mutua, están cargando gran parte del peso humano. Pastores católicos en el Valle, congregaciones evangélicas en Oak Cliff, y líderes interfe en San Antonio están llenando el vacío que las ciudades no pueden llenar — despensas de alimentos para familias que dejaron de trabajar, acompañamiento legal, know your rights cards en español.
En el Valle, la comunidad también ha visto a grupos de pastores protestantes unirse con sacerdotes católicos para presionar a alcaldes y comisionados de condado para que al menos no expandan la cooperación con ICE más allá de lo que la ley estatal exige. Esto es lo que aquí llamamos fe en acción — y es política, en el sentido más práctico de la palabra.
Lo que dice la data de la comunidad
La Oficina del Censo de EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana 2023, nos da la fotografía de quién vive en los condados más afectados por el crackdown en South Texas: en condados como Hidalgo, Cameron, y Webb, más del 90% de la población es hispana, y el ingreso familiar medio está por debajo del promedio estatal. Cuando un operativo de ICE llega a un pueblo del Valle, no llega a una minoría — llega a toda la comunidad.
Esto cambia la política local. En McAllen, comisionados del condado que hace dos años celebraban a Trump ahora están recibiendo visitas en su casa de vecinos que quieren saber por qué el alguacil firmó un 287(g). El cálculo político que antes servía ya no sirve.
Lo que sigue
Tres cosas que La Verdad Tejana va a seguir:
- El caso Houston vs. Paxton, porque sentará el estándar para cada city council de Texas.
- Los condados del Valle que decidan firmar — o no firmar — acuerdos 287(g) bajo SB 8. Los grants estatales hacen esta decisión cada vez más económica para oficiales electos, pero el costo comunitario es alto.
- El comportamiento del voto latino en las primarias y en noviembre. Los números de UnidosUS indican movimiento. Veremos si se traduce en boletas.
Mientras tanto, el mensaje de nuestra redacción a las familias tejanas es el mismo de siempre: conozcan sus derechos, mantengan papeles importantes en un lugar seguro, y apóyense en la iglesia y en los vecinos. Lo que no puede hacer el alcalde, muchas veces lo puede hacer la comunidad.
Somos Texas. Somos la Verdad.
