Hoy en Houston, el juez federal Alfred Bennett escucha argumentos sobre el programa de Education Savings Accounts (ESA) de Texas — el "voucher" que permite a familias usar fondos públicos para escuelas privadas o religiosas. La decisión va a afectar a miles de familias tejanas que ya empezaron el papeleo. Comparte este artículo con tus comadres que tienen niños en escuela católica — la decisión sale en los próximos días y todos tenemos que estar pendientes.

La familia Reyes-Salinas, Pasadena, TX

En la cocina de María Reyes-Salinas, en Pasadena, hay tres generaciones esperando la misma noticia. Su mamá, Doña Esperanza, llegó de Monterrey hace 40 años y limpiaba casas hasta que pudo abrir su propia panadería. María es enfermera registrada en el Memorial Hermann Southeast. Y su hija, Sofía, de 9 años, está en cuarto grado en St. Pius V Catholic School — una escuela parroquial donde la matrícula cuesta $7,400 al año.

"Llenamos el ESA application en febrero, en cuanto se abrió el programa," dice María. "Si nos lo aprueban, no tenemos que sacar el segundo préstamo. Si la corte lo tumba mañana, pues a ver de dónde sacamos."

La familia Reyes-Salinas no es única. Según datos preliminares de la Texas Education Agency citados por el Texas Tribune en febrero, más de 90,000 familias enviaron solicitud al programa ESA en su primera ventana de inscripción, y aproximadamente el 38% se identifican como hispanas o latinas. Para muchas, este es el primer programa estatal que les permite costear escuela privada — católica, evangélica, o secular — sin tener que vender la casa.

Lo que el juez Bennett tiene que decidir

La audiencia de hoy es sobre una injunction permanente — una orden judicial que, si se concede, tumbaría el programa por completo o lo limitaría hasta que termine el juicio. Las demandas consolidadas vienen de varias coaliciones de organizaciones de derechos civiles que argumentan que el programa viola la cláusula Blaine de la constitución de Texas (que prohíbe fondos públicos para instituciones religiosas) y la Establishment Clause federal.

Los abogados del estado, encabezados por la oficina del Attorney General, argumentan lo contrario: que el programa es neutral en cuanto a religión porque las familias eligen la escuela, no el estado. La Corte Suprema de Estados Unidos ha favorecido este argumento en casos como Espinoza v. Montana (2020) y Carson v. Makin (2022), pero la constitución de Texas tiene su propia letra y su propia jurisprudencia.

Bennett puede:

  1. Conceder la injunction completa — el programa se suspende mientras avanza el juicio, lo cual puede tomar 12-18 meses
  2. Conceder injunction parcial — algunos componentes (escuelas religiosas, por ejemplo) se suspenden, otros siguen
  3. Negar la injunction — el programa continúa, las familias reciben sus fondos en agosto como estaba planeado
  4. Tomar la decisión bajo asesoría — emite la decisión por escrito en los próximos 7-30 días

¿Qué pasa si tumban el programa?

Para María Reyes-Salinas, sería un golpe — pero no el primero.

"Cuando Sofía estaba en kínder, la pusimos en la pública porque no nos alcanzaba," cuenta. "Pero nos dimos cuenta que necesitaba más estructura, más disciplina, más fe. La cambiamos a St. Pius en segundo grado y se transformó. Ahora es una niña que reza antes de comer y que saca puro A. Si nos cierran el programa, tenemos que volver a la pública o pedir prestado."

Su esposo, Jorge Salinas, es electricista certificado y trabaja en construcción comercial. Entre los dos ganan alrededor de $112,000 al año — demasiado para asistencia financiera tradicional, no suficiente para pagar matrícula privada cómodamente con dos hijos. (El hermano menor de Sofía, Mateo, está en pre-K en St. Pius también.)

Esta historia se repite en miles de familias tejanas: trabajadores, católicas o evangélicas, de clase media baja o media, que no califican para becas pero que tampoco pueden costear $14,000 al año entre dos niños sin sacrificios serios.

El argumento de los demandantes

Las organizaciones que demandaron — incluyendo la Texas Civil Rights Project y la ACLU of Texas — no se oponen a las escuelas privadas. Su argumento es que un programa estatal que envía fondos públicos a instituciones religiosas, incluso indirectamente vía las familias, viola el principio constitucional de separación entre iglesia y estado consagrado en el Artículo I, Sección 7 de la constitución de Texas.

Es un argumento serio y tiene precedente histórico. También tiene contraargumento serio, basado en jurisprudencia federal reciente.

Lo que está en juego no es si las escuelas católicas o cristianas son buenas (la mayoría de tejanos diría que sí). Lo que está en juego es si el estado puede ayudar a las familias a pagarlas.

Lo que viene después

La oficina del juez Bennett indicó que tomará la decisión "expeditiously" — palabra técnica que en este contexto generalmente significa entre 7 y 21 días. El estado ya anunció que apelará cualquier injunction al Quinto Circuito (la corte federal de apelaciones más conservadora del país), donde el caso se resolvería probablemente en otoño 2026.

Mientras tanto, la familia Reyes-Salinas espera. Doña Esperanza prende una vela. María revisa el portal del ESA cada noche para ver si hay actualización. Sofía hace su tarea en la mesa del comedor sin saber que su escuela depende de lo que un juez decida en un courtroom en downtown Houston.

"Yo le pido a la Virgen de San Juan que les de sabiduría a los jueces," dice Doña Esperanza. "Pero también le pido que se acuerden de las familias trabajadoras como nosotros — que no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo que nos dejen escoger."

Para seguir el caso:

Si tu familia tiene una solicitud ESA pendiente y quieres compartir tu historia, escríbenos a comunidad@laverdadtejana.com. Tu voz importa.