Houston podrÃa perder $110 millones en fondos estatales porque su concejo municipal votó para limitar cómo la policÃa coopera con ICE. Abbott dio un ultimátum: reviertan la ordenanza antes del 20 de abril o devuelvan cada centavo.
La Ciudad Más Grande de Texas Contra el Gobernador
Lo que empezó como una votación del Houston City Council la semana pasada se ha convertido en la confrontación más seria entre una ciudad tejana y el estado desde que Senate Bill 4 se convirtió en ley.
El concejo aprobó una ordenanza con voto de 12-5 que eliminó una polÃtica que requerÃa a los oficiales de Houston Police Department (HPD) esperar hasta 30 minutos por agentes de ICE cuando detenÃan a alguien. La nueva regla básicamente dice: HPD trabaja para Houston, no para el gobierno federal.
La respuesta del Gobernador Greg Abbott fue inmediata y sin rodeos. Su oficina le envió una carta al Alcalde John Whitmire avisándole que el estado va a descontinuar $110 millones en grants de seguridad pública que Houston recibe anualmente. No es una amenaza vaga — es un número real que afecta patrullaje, equipo, y programas de prevención del crimen en toda la ciudad.
El Ultimátum: Abril 20
La carta del estado establece un deadline claro: Houston tiene hasta el 20 de abril para confirmar que no va a enforcer la ordenanza y que va a iniciar el proceso de repeal. Si no lo hace, el estado no solo cortará los fondos futuros — exigirá que la ciudad devuelva los $110 millones completos dentro de 30 dÃas.
Para una ciudad del tamaño de Houston, perder esa cantidad de dinero de seguridad pública tendrÃa consecuencias directas. Estamos hablando de menos oficiales en las calles, menos recursos para investigar crÃmenes violentos, y recortes en programas comunitarios que benefician directamente a los barrios latinos.
Paxton Abre Investigación
Como si la amenaza financiera no fuera suficiente, el Fiscal General Ken Paxton lanzó una investigación formal contra Houston y también contra Austin, alegando que las ordenanzas de ambas ciudades violan SB4. Esa ley, que entró en efecto bajo esta administración, prohÃbe que las ciudades adopten polÃticas que "materialmente limiten" la cooperación con agencias federales de inmigración.
La investigación de Paxton no es simbólica. SB4 le da al estado herramientas legales para demandar a las ciudades, remover a funcionarios electos, y cortar fondos. Es el mismo playbook que vimos con el caso de los sheriffs — y ahora lo están usando contra la cuarta ciudad más grande del paÃs.
Lo Que Esto Significa Para Nuestra Comunidad
Houston tiene la tercera población hispana más grande de Estados Unidos. Más de 2.3 millones de latinos viven en el área metropolitana. Cada decisión sobre cómo HPD interactúa con ICE tiene impacto directo en nuestras familias.
La ordenanza original buscaba algo básico: que la policÃa local se enfocara en crimen local, no en hacer el trabajo de inmigración federal. Para muchas familias en comunidades como Gulfton, Magnolia Park, y la East End, la distinción entre policÃa local e ICE es la diferencia entre llamar al 911 cuando hay una emergencia o quedarse callados por miedo.
Según reportes de Houston Public Media, el alcalde Whitmire enfrenta presión de ambos lados. Los activistas de derechos civiles quieren que mantenga la ordenanza. El estado quiere que la revoque. Y el concejo municipal está considerando una sesión especial esta semana para decidir el siguiente paso.
El Patrón Más Grande
Esta no es una pelea aislada. Es parte del mismo patrón que La Verdad Tejana ha documentado esta semana:
Las mismas fundaciones y think tanks que financiaron SB8 — la ley que convirtió a los sheriffs en agentes de ICE — ahora están detrás de la presión para castigar a las ciudades que resisten. Es la misma maquinaria operando en diferentes frentes: legislatura estatal, fiscalÃa general, y ahora amenazas financieras directas.
Austin enfrenta una investigación similar. McAllen está luchando contra un centro de detención de ICE en el Valle. Las ciudades tejanas que intentan proteger a sus comunidades se enfrentan a un gobierno estatal que tiene las herramientas legales y financieras para forzar cumplimiento.
Lo Que Viene
El 20 de abril es el deadline. Si Houston no revoca la ordenanza, la pelea legal comienza oficialmente. El concejo municipal podrÃa reunirse en sesión especial antes de esa fecha.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias en Houston están movilizándose para presionar al concejo a mantener la ordenanza. La pregunta es si el costo polÃtico y financiero es uno que la ciudad está dispuesta a absorber.
Lo que está en juego no son solo $110 millones. Es el principio de si las ciudades tejanas tienen el derecho de establecer sus propias prioridades de seguridad pública — o si el estado puede dictar exactamente cómo cada departamento de policÃa local interactúa con el gobierno federal.
Para las familias inmigrantes de Houston, la respuesta a esa pregunta determina algo mucho más concreto: si se sienten seguras llamando a la policÃa cuando las necesitan.
Fuentes: Texas Tribune, Houston Public Media, KHOU, Spectrum News.
