Cuando el gobernador Greg Abbott firmó el Proyecto de Ley del Senado 8 (SB 8) en 2025, convirtió a Texas en el primer estado del país en obligar legalmente a todos sus sheriffs a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo los llamados acuerdos 287(g). La ley entró en vigor el 1 de enero de 2026 y los sheriffs tienen hasta el 1 de diciembre de 2026 para cumplir, bajo amenaza de demanda por parte del procurador general del estado.
Lo que pocas noticias explican es quién pagó para que esa ley existiera.
La Fundación que Celebró Primero
El mismo día en que la SB 8 fue aprobada por la legislatura, la Texas Public Policy Foundation (TPPF) publicó un comunicado de prensa celebrando lo que llamó "legislación histórica". No fue una coincidencia. La TPPF —con sede en Austin— es el principal laboratorio de ideas (think tank) que promovió el marco legal de la SB 8, modeló sus argumentos jurídicos y presionó ante los comités legislativos.
¿Quién financia a la TPPF?
Según registros de OpenSecrets y reportajes del Texas Observer, entre sus principales donantes figuran Koch Industries, ExxonMobil, Chevron y, significativamente, The GEO Group —la mayor empresa de cárceles y centros de detención privados en Estados Unidos. Cada nuevo acuerdo 287(g) que firma un sheriff de Texas potencialmente aumenta el número de personas detenidas. Más detenidos equivalen a más contratos para empresas como GEO Group. La misma empresa que dona a la fundación que impulsa la ley que llena las instalaciones que opera.
El círculo no es casualidad. Es arquitectura.
La Red Nacional: El Legado de John Tanton
La SB 8 no nació en Austin. Tiene raíces en una red de organizaciones nacionales conocida como la Red Tanton, en referencia al difunto John Tanton, fundador del movimiento moderno de restricción migratoria en Estados Unidos.
Esta red incluye tres organizaciones que fijan la agenda del debate migratorio a nivel federal:
- FAIR (Federación para la Reforma Migratoria Americana): pionera en el cabildeo por la reducción drástica de la inmigración legal e ilegal.
- CIS (Centro de Estudios de Inmigración): proporciona el "respaldo académico" que justifica las políticas restrictivas.
- NumbersUSA: moviliza a votantes para presionar congresistas.
Las tres organizaciones fueron cofundadas por Tanton y hoy funcionan como un ecosistema coordinado: CIS produce los estudios, FAIR los convierte en proyectos de ley, NumbersUSA presiona para que se aprueben. Organizaciones como la TPPF adaptan ese modelo para Texas.
El Dinero que Mueve la Red
La fuente de financiamiento más importante de esta red es la Fundación Colcom, una fundación privada de Pittsburgh fundada en 1996 por Cordelia Scaife May, heredera de la fortuna Mellon. Según reportes de ProPublica y el Pittsburgh Post-Gazette, Colcom destinó $33.8 millones en un solo año (2017-2018) a organizaciones migratorias, convirtiéndose en el mayor donante de grupos anti-inmigración en el país.
Sus beneficiarios incluyen:
- Más de $18 millones a FAIR
- Más de $17 millones a NumbersUSA
- Más de $8 millones a CIS
La Fundación Sarah Scaife (Pittsburgh) también ha contribuido con fondos significativos a estas organizaciones a lo largo de los años, según datos de InfluenceWatch y SourceWatch.
El dinero fluye de Pittsburgh a Washington, de Washington a Austin, y de Austin a cada condado de Texas.
Lo que Esto Significa en los Vecindarios
La SB 8 no es solo un cambio administrativo. En comunidades donde los sheriffs ya han implementado el modelo de "task force" —la versión más agresiva del programa 287(g)— los efectos son documentados y medibles.
Un testigo citado por KERA News describió una zona del Panhandle de Texas después de que el sheriff local implementó el programa: "La gente tenía miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Ya no iban a los restaurantes ni a hacer compras como antes, porque tenían miedo."
Para diciembre de 2026, ese miedo podría extenderse a todos los condados de más de 100,000 habitantes en Texas. No como consecuencia imprevista, sino como resultado directo de una política diseñada, financiada y promovida por organizaciones con décadas de trabajo coordinado.
La Pregunta que Nadie Responde
¿Cuánto dinero de fundaciones privadas —no elegidas, no auditadas públicamente, no responsables ante ningún votante de Texas— ha influido en la legislación del estado en materia migratoria?
La respuesta completa no está disponible porque la ley no lo exige. Las organizaciones 501(c)(3) deben presentar declaraciones fiscales (Formulario 990) que revelan a sus donantes principales, pero los "fondos asesorados por donantes" (donor-advised funds) como Donors Trust pueden recibir dinero de donantes anónimos y redistribuirlo sin divulgar su origen.
Lo que sí sabemos es que la Texas Public Policy Foundation recibe fondos de las mismas industrias que se benefician directamente de más detenciones, más vigilancia fronteriza y menos derechos laborales para trabajadores indocumentados. Y que esa misma fundación celebró la SB 8 como un triunfo el día en que fue aprobada.
Qué Sigue
La Mesa de Investigación de La Verdad Tejana continuará rastreando los registros 990 de las organizaciones involucradas, las conexiones entre donantes nacionales y legisladores texanos, y los contratos de detención que resulten de la implementación de la SB 8.
Si tienes información sobre financiamiento a grupos de presión en Texas, puedes contactarnos de manera segura.
Fuentes: OpenSecrets, ProPublica Nonprofit Explorer, Texas Observer, KERA News, Texas Tribune, Pittsburgh Post-Gazette, InfluenceWatch, ADL, TPPF comunicado de prensa (2025), LegiScan Texas SB 8, KXAN.
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🔍 ¿Quién pagó para que los sheriffs de Texas sean agentes de ICE?
La Texas Public Policy Foundation celebró la SB 8 el día que se aprobó — y está financiada por Koch Industries, ExxonMobil, y GEO Group, la empresa de cárceles privadas que se beneficia de más detenciones. La fundación Colcom puso $33.8 millones en un año en grupos antiinmigrantes. El dinero viene de Pittsburgh. Las consecuencias las vivimos en Texas.
👉 La investigación completa: laverdadtejana.com